¿RIP a las ESAL?

En Colombia, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) cumplen una función silenciosa, pero esencial: llegar a donde no llega el Estado. Estas entidades atienden a población vulnerable y promueven la educación, la cultura, el deporte, la salud, la inclusión, la protección ambiental y el desarrollo social. En la práctica, muchas ESAL ejecutan acciones que coinciden directamente con los fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos de las personas más desamparadas de la sociedad.

El problema es que el Estado parece tratarlas cada vez menos como aliadas y cada vez más como sospechosas. La carga fiscal, contable y burocrática que soportan se ha vuelto desproporcionada. Deben actualizar registros, renovar matrículas, reportar información, cumplir obligaciones tributarias, mantener contabilidad bajo estándares internacionales, atender requerimientos, justificar excedentes, conservar soportes documentales, publicar información y, además, conseguir recursos para sobrevivir, ayudar al prójimo y dar ejemplo como buenos ciudadanos corporativos.

A ello se suma el nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que reglamenta la disolución de las ESAL. La propuesta permitiría declarar disueltas y cancelar la personería jurídica de aquellas entidades que no se hayan registrado oportunamente en las Cámaras de Comercio, que no renueven dicho registro durante tres años consecutivos o que no remitan la información requerida durante el mismo término. Es cierto que el país necesita depurar entidades inactivas y evitar estructuras de papel, pero también es cierto que muchas ESAL pequeñas no incumplen por mala fe, sino por falta de recursos, desconocimiento o exceso de trámites.

El riesgo es evidente: terminar castigando con una muerte jurídica a organizaciones que cumplen una función social, pero que no cuentan con el músculo administrativo necesario para navegar el laberinto estatal. Una ESAL que debe destinar buena parte de su tiempo a diligenciar formularios, registros, reportes y obligaciones fiscales termina alejándose de su razón de ser: servir a la población más necesitada.

El gobierno entrante (2026-2030) debería asumir una agenda seria de simplificación para el sector social y filantrópico. No se trata de eliminar controles, sino de hacerlos proporcionales. Podría establecer una ventanilla única para las ESAL, reportes integrados entre la DIAN, las cámaras de comercio y las autoridades territoriales, un régimen simplificado para entidades pequeñas, alertas previas antes de imponer sanciones, acompañamiento pedagógico y reglas diferenciales según los ingresos, los activos y el impacto social de cada organización.

Colombia necesita controlar los abusos, pero no puede asfixiar a quienes ayudan a cumplir fines que el propio Estado no puede alcanzar por sí solo. Si la política pública sigue confundiendo supervisión con persecución burocrática, la pregunta deja de ser retórica: ¿RIP a las ESAL?